Por: Percy J. Paredes Villarreal
Desde que se creo la antropología, como ciencia social, esta fue un instrumento importante para los imperios, y posteriormente lo gobiernos capitalista que buscaban mantener su dominio y ampliar su proceso de colonización en todo el mundo.
Tal es así que, según lecturas, estudios e investigaciones de autores clásicos de la antropología, los gobernantes de estos países dominantes enviaban a muchos etnógrafos a diversos países dependientes y colonizados, para que estudien el comportamiento sociocultural, político y económico de las etnias, comunidades, lideres y autoridades pertenecientes a estos territorios subordinados o dependientes; con la finalidad de recoger información y poder aplacar las rebeliones y/o levantamientos contra el yugo imperialista y dominantes. Pero además, lograr el aculturamiento de su población hacia la cultura dominante que imponían los colonizadores.
A la vez, hubieron otros antropólogos que llegaron a estos territorios con la finalidad de hacer lo mismo; pero más pudo su conciencia social y compromiso con los desposeídos, antes que las riquezas y el bienestar. Por lo tanto, muchos de ellos desacataron esas misiones para la que habían sido contratados, para ponerse de lado de los marginados, de los discriminados, y de los sectores vulnerables.
Muchos de esto antropólogos, apoyaron causas justas como fueron la lucha por su liberación e independencia, por la autonomía y el fortalecimiento de sus identidades culturales, y el respeto a la diversidad étnica y multicultural.
Recuerdo que en el VI Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología, que se realizó en el año de 1996, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, escuche una ponencia sobre el tema de la contaminación ambiental en las zonas selváticas, en las que fueron contratados antropólogos, para sensibilizar a la comunidades indígenas, con la finalidad de aceptar la presencia de empresas privadas para que exploten sus recursos naturales; cuyas consecuencias iban a ser funestas para estas comunidades. Pero, más predomino la conciencia social de aquellos profesionales que se pusieron de lado de las comunidades que iban a ser afectadas por la contaminación.
Del mismo modo sucedió en Tambogrande, en Piura, cuando contrataron a antropólogos para que esa comunidad predominantemente agrícola, particularmente cultivadora de limón; acepte el cambio de actividad productiva por la extractivista. Desde un inicio hubo rechazo hacia el cambio de actividad productiva, por parte de la población; los colegas antropólogos que llegaron a diseñar toda una estrategia con fines de cambiar el pensamiento y la opinión de la población, no pudieron hacerlo; por lo que, en su recomendación propusieron respetar la decisión del pueblo y convocar a una consulta previa, donde ellos mismos decidan sin la presión o condicionamiento de nadie.
Asimismo sucedió, con el tema de Conga en Cajamarca; en el gobierno de Humala que durante su campaña electoral apoyaba el agua antes que la minería; y cuando llego al gobierno nacional hizo lo contrario. Pero no pudo porque toda la región se opuso. Este accionar permitió un avance importante en la legislación peruana al incorporar temas como cuestión previa, consulta a las comunidades para poder implementar proyectos ajenos a su realidad, como han sido las actividades extractivistas, particularmente.
Estos logros que permitieron un avance en las organizaciones indígenas; pero que en la actualidad están comenzando a retroceder debido a una fuerte presencia de una derecha colonialista, en las instituciones importantes del Estado; buscan impedir que estos movimientos étnicos se fortalezcan.
Para avanzar en este proceso de reconcentración del poder en la derecha, comenzaron liquidando y tumbaron a Castillo que fue su máximo representante por ser un profesor rural, andino, proveniente de Cajamarca. Sustituyéndola por su segunda Vicepresidenta, mujer mestiza, que acepto condiciones para gobernar a cambio de impunidad, apoyo y defensa en las diferentes esferas de este Estado neoliberal y colonial.
Este reacomodo político, en favor de los partidos perdedores en las últimas elecciones presidenciales, que ahora gobiernan; están brindando el apoyo y soporte al gobierno de la actual mandataria; cuya mayoría parlamentaria son mestizos que se sienten identificado con la república criolla y corrupta; manteniendo un pensamiento colonial. Que sigue presente a lo largo de la etapa republicana, generando una brecha de desigualdad social, cultural, económica y política.
Esto se puede corroborar con el aplacamiento de las manifestaciones étnicas, realizado en el sur del país con más de 50 ciudadanos y ciudadanas, provenientes de diferentes culturas, que fueron exterminadas por parte de las fuerzas del orden, y que hasta la fecha las investigaciones se han detenido. Algunos representantes de la derecha a ultranza, que han tenido cargos públicos importantes en las instituciones han manifestado haberle dicho a la presidenta que endurezca la represión contra las etnias que expresaban su rechazo al golpe contra Pedro Castillo.
Aparte de estas acciones militares, encontramos expresiones simbólicas y discursos xenofóbicos, y racistas contra comunidades indígenas, que tratan de cambiar el concepto de violencia sexual y/o violaciones sexuales a alumnas de educación secundaria menores de 15 años por la denominación de “Practicas Culturales”; o en el caso de expresar que los “Derechos Humanos son para ciudadanos y no para ratas”. Y así podemos describir expresiones discriminadoras y raciales por parte de autoridades mestiza con pensamiento colonial.
Estas expresiones verbales, hechas por autoridades nacionales y pública, son avaladas por un gobierno constituido por mestizos y afrodescendientes, que cultural y racialmente representan a sectores importante de la cultura peruana; pero ideológica y políticamente defiende la “Herencia aristocrática, y colonial”, tal como lo describía Julio Cotler en su famosa obra “Clase, Estado y Nación en el Perú”.
Queda demostrado lo que en un determinado momento Huamán Poma de Ayala manifestaba una posición contraria contra el mestizaje, donde expresaba que era un sector que actuaba más por conveniencia e interés, que por identidad y solidaridad cultural.
Frente a estos actos discriminatorios y xenofóbicos, pocas instituciones vinculadas a temas de defensa de los derechos humanos y étnicos, colegios profesionales, han expresado su voz de protesta, o han criticado estas opiniones que no son desatinadas, sino son expresiones de una clase social y cultural, que sigue pensando como si viviéramos en la etapa colonial.
Por el contrario, algunos lideres de instituciones, han preferido acudir al llamado de este “congreso de la república”, que tiene menos del 6% de aprobación, que defiende sus propios intereses, que quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humano, que blinda la corrupción y al gobierno nacional, que defiende y se oponen a censurar a Ministros que dan “carne de burro o de caballo” a niños de comunidades andinas e indígenas para que coman, o que blindan a sus propios colegas por “mocha sueldos”.
Ahora se entiende porque existen instituciones que deberían solidarizarse con las etnias maltratadas política y culturalmente, que necesitan el apoyo o respaldo institucional; pero con su inmutismo avalan estos actos de discriminación y maltrato; al no pronunciarse, ni tampoco sentar una posición contra el maltrato, la discriminación, y la xenofobia, que vienen ocurriendo en nuestro país. Por el contrario prefieren acudir al legislativo, para tomarse fotos, y recibir pergaminos manchados; y algunos colegas feliciten estas ceremonias y rituales que respaldan el accionar de estas instituciones que se encuentran desacreditadas y de espaldas a las necesidades de la población.
Pero lo más sorprendente es que algunos de sus agremiados felicitan y reconocen la labor de sus directivos. Esto nos lleva a seguir pensando que la funcionabilidad de la institución es mantener un pensamiento colonial y distractor, estar a favor de la discriminación, no decir nada ante actos xenofóbicas y maltratos hacia poblaciones vulnerables. De esa manera queda demostrado en las instituciones profesionales, que deben velar por los más desposeídos se ponen de lado de los agresores, los criollos, los colonialistas.
Eso demuestra que la ofensiva colonialista y criolla, que hace el gobierno nacional, tiene el respaldo de algunas instituciones que deberían defender los derechos humanos y cuestionar la discriminación; por lo que prefieren quedarse callado y no decir nada frente a los maltratos que vienen sufriendo estas comunidades milenarias.
Es interesante estudiar el pensamiento colonial en instituciones que deben velar por la diversidad cultural, la interculturalidad, la etnicidad, etc.; queda demostrado que los grupos que asumen responsabilidades, hay un predominio de un pensamiento colonial, que en muchos de los casos es asimilado consciente o inconsciente; que puede ser resultado de su proceso endocultural, o formación profesional dentro de las aulas universitarias. Sería bueno, investigar más este tema.
Quiero culminar, parafraseando al Poeta Cesar Vallejos, “Antropólogos hay mucho que hacer para cambiar la mentalidad colonialista existente”. O recoger el pensamiento de uno de los grandes antropólogos del siglo XX, José María Arguedas que nos decía “No soy un aculturado”. hay que descolonizar el pensamiento de los antropólogos.